El Ministerio de Obras Públicas, junto al Viceministerio de Transparencia, denunció un presunto daño económico de 18,4 millones de bolivianos en la estatal Boliviana de Aviación, relacionado con la ejecución de vuelos sin pasajeros hacia Cuba.
Según el informe oficial, estas operaciones —calificadas como “vuelos fantasmas”— habrían sido programadas sin demanda real, generando pérdidas significativas para el Estado y derivando en la apertura de un proceso penal por presuntos actos de corrupción.
La investigación apunta al exgerente de la aerolínea, Ronald Casso, quien deberá responder por su presunta participación en la autorización de estos vuelos.
Las autoridades indicaron que el caso busca esclarecer cómo se tomaron estas decisiones operativas y quiénes serían responsables del perjuicio económico, en un contexto que vuelve a cuestionar los mecanismos de control dentro de empresas públicas.
