El Gobierno boliviano asumió ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el compromiso de aplicar las recomendaciones emitidas tras la misión que evaluó los efectos de los 53 días de conflicto social registrados entre mayo y junio.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que las recomendaciones serán incorporadas a políticas públicas y que el Ejecutivo trabajará sobre una agenda de tres ejes orientados a prevenir nuevos escenarios de conflictividad.
El primer punto contempla mantener un diálogo permanente entre los distintos sectores para evitar que las diferencias deriven en nuevos conflictos. El segundo establece la necesidad de garantizar la protección de los servicios esenciales y los derechos de las personas que no participan de las movilizaciones.
Como tercer eje, Aramayo comprometió investigaciones imparciales sobre los hechos registrados durante el periodo de protestas.
“Bolivia recibe estas recomendaciones con el compromiso de convertirlas en políticas de Estado, transformando la elección de esta crisis en una oportunidad para fortalecer sus capacidades”, afirmó la autoridad ante la OEA.
El ministro también destacó la séptima recomendación de la misión, relacionada con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Según explicó, la inestabilidad y un eventual debilitamiento institucional pueden favorecer el accionar del crimen organizado, cuyos efectos pueden trascender las fronteras y convertirse en un riesgo para la seguridad nacional.
“Bolivia entiende estas recomendaciones como un llamado a fortalecer su institucionalidad para prevenir, contener y responder dentro del marco de la Constitución y del Estado de derecho”, sostuvo.
Aramayo calificó los 53 días de movilizaciones como un escenario que, a su criterio, fue más allá de reclamos sectoriales y respondió a “estrategias deliberadas” destinadas a debilitar el orden democrático.
Asimismo, señaló que los bloqueos ocasionaron una pérdida económica estimada en Bs 14.000 millones. Recordó además que la Defensoría del Pueblo reportó más de 20 personas fallecidas durante el conflicto, la mayoría perteneciente a grupos que no participaban de las movilizaciones.
La misión de la OEA llegó a Bolivia una vez concluido el conflicto para recoger información en terreno sobre las consecuencias de los bloqueos que se prolongaron durante mayo y junio, en un contexto marcado por demandas de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las protestas estuvieron protagonizadas por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), grupos vinculados a Evo Morales y la Federación de Campesinos Túpac Katari, provocando tensión social, bloqueos y perjuicios económicos en diferentes regiones del país.
