El Gobierno dispuso la militarización de las plantas estratégicas de YPFB tras lo que el presidente Rodrigo Paz calificó como un sabotaje intencional contra la estatal petrolera.

La acción, ejecutada con apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene como objetivo reforzar el control sobre la producción y distribución de gasolina, además de evitar nuevas irregularidades. El mandatario aseguró que la medida también busca proteger a los trabajadores y “blindar” la soberanía energética del país.

En paralelo, anunció que desde el martes se incorporarán aditivos que mejorarán el rendimiento del combustible sin afectar su costo. Asimismo, informó que se habilitó un mecanismo para que conductores afectados puedan registrarse oficialmente y acceder a compensaciones.

El presidente afirmó que las autoridades identificarán a los responsables y que estos enfrentarán procesos judiciales por los presuntos actos de sabotaje.