Los trabajadores mineros asalariados determinaron iniciar una huelga general indefinida y movilizada hasta la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en rechazo a las medidas económicas del Gobierno, particularmente al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos.
La decisión fue asumida en un ampliado nacional minero de emergencia, realizado este viernes en la ciudad de La Paz, donde el sector acusó al Ejecutivo de favorecer a los sectores más pudientes y perjudicar a la clase trabajadora.
“La minería asalariada instruye y declara huelga general indefinida y movilizada hasta la renuncia del gobierno de turno en su totalidad y la abrogación del Decreto Supremo 5503 y otras normas aprobadas recientemente que han beneficiado a las clases pudientes”, señaló el dirigente André Paye durante el ampliado.
En la resolución, los mineros ratificaron la unidad orgánica del sector e instruyeron a federaciones y sindicatos iniciar de inmediato acciones de protesta coordinadas con otras organizaciones sociales. Entre las medidas anunciadas figuran marchas nacionales, bloqueos de carreteras y movilizaciones en distintos distritos y departamentos del país.
Paye denunció que el actual Gobierno ha “oprimido y sometido” a los trabajadores y al pueblo boliviano, y advirtió que las medidas de presión se mantendrán hasta la derogación del decreto y la atención de sus demandas.
“Necesitamos organizarnos de inmediato mediante nuestras comisiones de movilización y secretarías de conflicto. Como estrategia de lucha, nos reservamos otras medidas que se darán a conocer oportunamente”, afirmó.
El dirigente adelantó que esta postura será planteada en el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de acompañar las protestas y estar presentes en los puntos de bloqueo junto a otros sectores movilizados.
Asimismo, los sindicatos afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declararon en estado de alerta permanente y ratificaron que acatarán cualquier instructivo “hasta las últimas consecuencias”.
De manera paralela, el transporte urbano e interprovincial cumple un paro de 24 horas en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, en un contexto de creciente conflictividad social tras la eliminación de la subvención a los combustibles.
