La Ley 1741 entró en vigencia este miércoles incorporando nuevos mecanismos de investigación para fortalecer la lucha contra los delitos de financiamiento al terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas. Entre las principales modificaciones se encuentra la autorización del uso de agentes encubiertos, una técnica especial que permitirá a las autoridades infiltrarse en organizaciones sospechosas para obtener información, recopilar pruebas e identificar a los responsables de actividades ilícitas.
La norma también amplía la aplicación de la figura de la entrega vigilada, procedimiento mediante el cual bienes, recursos o remesas son monitoreados y controlados por las autoridades durante su traslado con el fin de identificar a integrantes de estructuras criminales y desarticular redes vinculadas a estos delitos. Este mecanismo ya era utilizado en investigaciones relacionadas con sustancias controladas y ahora se extiende a casos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Con apenas dos artículos, la Ley 1741 modifica los artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal, otorgando mayores facultades investigativas al Estado en procesos considerados de alta complejidad. Según la normativa, estas herramientas buscan mejorar la obtención de pruebas, rastrear recursos de origen ilícito e identificar a personas y organizaciones involucradas en actividades financieras ilegales.
