Sectores observadores del conflicto por el Mercado Mutualista cuestionaron que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra pretenda respaldar su posición mediante mapas, láminas y reconstrucciones gráficas, cuando —afirman— nunca logró demostrar un derecho propietario válido sobre el predio en disputa.

Según la denuncia, informes municipales de 1989 y 1993 ya habrían observado inconsistencias en los antecedentes dominiales vinculados a la familia Domínguez, señalando ausencia de superficie total, colindancias y diferencias técnicas en las mensuras presentadas. Asimismo, documentos del Plan Regulador de 1994 habrían advertido contradicciones entre escrituras públicas y planos entregados por particulares.

También sostienen que la propia cronología municipal sobre afectación, expropiación y reversión demostraría que el municipio no tenía dominio originario sobre el terreno. A ello se suma la observación de que no existiría publicación oficial de una supuesta ordenanza expropiatoria relacionada con el caso.

Los observadores remarcan que toda esta documentación ya fue analizada dentro de la SCP 0531/2024-S3, la cual —afirman— mantiene plena vigencia y calidad de cosa juzgada constitucional.