El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5749, que permite reservar la identidad de las personas que denuncien presuntos hechos de corrupción relacionados con funcionarios o exfuncionarios de la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y Derechos Reales.
La norma faculta al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia a recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias por cobros ilegales, extorsiones, exigencia de dádivas y otros beneficios indebidos en actuaciones judiciales o administrativas.
La reserva de identidad podrá aplicarse a solicitud del denunciante o de oficio y mantenerse durante el trámite administrativo y su eventual derivación a instancias penales, junto con las medidas de protección previstas por ley.
Para resguardar los datos personales, se asignará a cada denunciante un código alfanumérico confidencial que sustituirá su información de identificación.
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