La Gobernación de Santa Cruz puso en conocimiento de la Justicia un presunto caso de corrupción relacionado con la oferta y venta de cargos públicos en el Servicio Departamental de Salud (Sedes). Una persona fue aprehendida en el marco de las investigaciones.
El representante de la Gobernación, Juan De Dios Villaroel, informó que la denuncia surgió a través del sistema de reportes anónimos habilitado por la institución y que, tras conocer el caso, se activaron las acciones correspondientes.
De acuerdo con la información proporcionada, estarían involucrados tres ítems destinados al área de inocuidad, que presuntamente fueron ofrecidos a cambio de dinero. El monto denunciado bordearía los 2.000 dólares por los tres cargos.
Villaroel aseguró que la Gobernación entregó documentación y otros elementos a las autoridades para respaldar la denuncia y sostuvo que existen pruebas que permitirán esclarecer lo ocurrido.
“Hay pruebas para que esta persona no quede impune”, afirmó.
La autoridad aclaró que el hombre aprehendido no sería funcionario de la Gobernación, pese a que presuntamente habría utilizado la oferta de puestos laborales en el Sedes para obtener dinero.
El caso fue puesto en conocimiento de las instancias correspondientes bajo la sospecha de tráfico de influencias y otros posibles delitos vinculados con hechos de corrupción. Ahora será la Justicia la encargada de determinar si existió un delito y establecer responsabilidades.
Denuncias anónimas
Villaroel también informó que, desde el inicio de la actual gestión departamental, la Gobernación recibió más de 300 denuncias mediante su plataforma de reportes anónimos.
Este mecanismo permite a la ciudadanía comunicar posibles irregularidades y adjuntar fotografías, videos y otros documentos, sin necesidad de revelar su identidad.
Según explicó, un equipo jurídico analiza estos reportes y determina cuáles cuentan con elementos suficientes para iniciar acciones legales.
En el caso de la presunta venta de ítems, la denuncia habría llegado aproximadamente un día antes de que el hecho fuera conocido públicamente, lo que permitió a la Gobernación iniciar las gestiones ante las autoridades.
Villaroel calificó la presunta comercialización de cargos públicos como un hecho de corrupción grave y señaló que será el proceso judicial el que establezca qué ocurrió y quiénes tienen responsabilidad.
