Cinco años después del caso que conmocionó al país, el exministro de Gobierno Arturo Murillo reconoció ante un tribunal que se cometió un grave error en la investigación del supuesto secuestro de la bebé Samantha, ocurrido en septiembre de 2020.
“Se la confundió con la secuestradora”, declaró Murillo durante el juicio, admitiendo que la mujer acusada fue erróneamente presentada ante la opinión pública como autora del crimen, en uno de los episodios más mediáticos de su gestión.
La afectada, que permaneció detenida y fue expuesta públicamente como responsable del hecho, demanda al Estado boliviano un resarcimiento de un millón de dólares, argumentando daños irreparables a su honra, libertad y vida familiar.
El caso reabre el debate sobre el uso político de investigaciones policiales, la vulneración del principio de presunción de inocencia y las consecuencias de los juicios mediáticos promovidos desde el poder. Organismos de derechos humanos señalan que se trata de un precedente grave de persecución y error estatal, cuyas responsabilidades aún no han sido plenamente asumidas.
La admisión de Murillo, hoy procesado por otros delitos, podría convertirse en una prueba clave para establecer responsabilidades civiles y penales contra exautoridades que avalaron una acusación sin sustento sólido, dejando a una persona inocente marcada de por vida.
El proceso continúa y el Estado podría enfrentar una de las demandas más altas por error judicial en los últimos años.
