La tarde de este viernes se dio lectura a la sentencia en contra de Rómulo Calvo y Roberto Fernández por el caso de las expropiaciones en la zona del Plan 3.000. La audiencia duró cerca de hora y media y en la misma se ratificó lo anunciado a inicios de semana: el excívico fue condenado con cuatro años de cárcel, mientras que al exalcalde se le dio una sentencia de cinco años de reclusión.
Rómulo Calvo reiteró que lo que sucede en este proceso solo es una “revancha política” por el papel que tuvo como presidente del Comité pro Santa Cruz y que ha quedado demostrado que el brazo operativo de la “represión” es el Órgano Judicial.
El abogado de Calvo, Martín Camacho, anunció que ahora presentará un recurso de apelación ante un tribunal de alzada y que mientras la sentencia no sea ejecutoriada tanto su defendido como el exalcalde Fernández podrán mantener su libertad.
Por su parte, el exalcalde Roberto Fernández, lamentó que se haya dictado un proceso sin analizar bien las circunstancias que rodeaban a las autoridades en la época de la que data el proceso, ya que actuaron para proteger la vida de decenas de personas que fueron trasladadas a un predio porque habían sido afectadas por inundaciones.
La acusación en contra de Fernández, como alcalde municipal y contra Calvo, que ejerció de forma interina el mismo cargo, es por el delito de “contratos lesivos al Estado” por un presunto pago irregular a los propietarios de los terrenos expropiados.
Tanto Calvo como Fernández recordaron por separado que se trata de un proceso judicial que ya había sido resuelto por la justicia.