El Gobierno presentó una denuncia penal contra la ex presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo Miranda, por presuntos hechos de corrupción vinculados a la compra de un terreno y la construcción de oficinas aduaneras en Tarija, proyecto en el que se habría generado un daño económico superior a los 10 millones de bolivianos.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la investigación ya fue formalizada y que el Ministerio Público designó a un fiscal anticorrupción para el caso. La exautoridad es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros.

Según la autoridad gubernamental, durante el proceso de adquisición del terreno se detectó un posible direccionamiento a favor de un proponente que ofrecía el inmueble a un precio considerablemente más alto que otra propuesta. Mientras una oferta ascendía a Bs 1.816.513, la adjudicada alcanzaba los Bs 2.784.000, pese a que esta última no cumplía con requisitos legales como el derecho propietario individualizado ni condiciones adecuadas de acceso.

El viceministro sostuvo que el terreno adquirido recién regularizó su situación legal dos años después de la compra. A ello se suma el costo de la construcción de las oficinas, cuya ejecución demandó Bs 22.618.549. García señaló que el precio contratado por metro cuadrado fue de 1.000 dólares, cuando el costo promedio en la zona, al momento del proceso de contratación, rondaba los 300 dólares, lo que refuerza los indicios de sobreprecio.

Además, cuestionó la planificación del proyecto, al señalar que, pese a una inversión total que supera los 24 millones de bolivianos, la Aduana continuó alquilando otros inmuebles, lo que evidenciaría deficiencias en la gestión y planificación de la infraestructura institucional.