La Justicia determinó este domingo enviar por 120 días a detención preventiva en el penal de Palmasola al juez Hebert Z., investigado dentro del denominado caso “narcomaletas”. La decisión se asumió tras una audiencia cautelar reinstalada en el Palacio de Justicia, que estuvo marcada por incidentes procesales, cambios de sala y protestas de un grupo de mujeres que increparon al magistrado aprehendido.

El Ministerio Público imputó al juez por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Aunque la Fiscalía había solicitado 180 días de detención preventiva, la autoridad judicial resolvió fijar la medida por 120 días. Durante la audiencia, el juez Fernando Mejía rechazó todos los incidentes planteados por la defensa.

Tras la resolución, se procedió a la valoración de los elementos presentados por la Fiscalía de Sustancias Controladas, que sustentan la imputación. Desde el entorno judicial se informó que los recursos interpuestos por la defensa se basaron en supuestas vulneraciones de derechos, argumentos que no fueron admitidos por la autoridad jurisdiccional.

La detención preventiva fue fundamentada en los hallazgos registrados durante un allanamiento realizado el 20 de enero en galpones de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., ubicados en la zona de Villa Primero de Mayo. En el lugar se secuestraron armas, cerca de 80 kilos de marihuana en estado sólido y líquido, además de sustancias químicas.

Según el informe fiscal, la empresa allanada tendría como principal socio capitalista al propio juez investigado. Durante el operativo, un guardia de seguridad mostró una actitud nerviosa, lo que motivó una requisa más minuciosa. En un ambiente con puertas de blíndex, los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana y convocaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que confirmó la presencia de droga.

Otro de los elementos considerados fue la documentación personal y empresarial encontrada en el galpón, la cual vincula al magistrado con la firma intervenida. Además, el vigilante aprehendido declaró que Hebert Z. sería el propietario del negocio y que fue contratado por un tercero que le señaló al juez como responsable de la empresa.

La Fiscalía también estableció una relación entre la droga incautada y el ingreso al país de 32 maletas —31 registradas oficialmente por Aduana— que llegaron desde Estados Unidos en un vuelo privado el 29 de noviembre de 2025 al aeropuerto internacional de Viru Viru. Este hecho dio origen al caso conocido como “narcomaletas”, en el que también figura como investigada la exdiputada y actual candidata a concejal Laura R., citada a declarar por el Ministerio Público.

Hebert Z. fue aprehendido el viernes, luego de presentarse voluntariamente ante la Felcn. Durante su declaración informativa, que se extendió por más de cuatro horas, decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio. El fiscal Julio César Porras explicó que inicialmente fue convocado como testigo, pero que tras el análisis de los indicios se amplió la investigación y se dispuso su aprehensión.

La defensa del magistrado, a cargo del abogado Diego Coimbra, rechazó la imputación y aseguró que no existen pruebas objetivas que vinculen directamente a su cliente con los delitos atribuidos. Pese a ello, la autoridad judicial consideró que existen riesgos procesales, como peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, y dio curso a la solicitud fiscal.