A más de tres días de haberse revelado el ingreso irregular de 32 maletas por el aeropuerto internacional de Viru Viru, el Gobierno nacional fijó posición y aseguró que ninguna persona está por encima de la ley, en referencia al caso que involucra a una exdiputada y a un juez ahora aprehendido.

El pronunciamiento fue realizado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien respondió a un cuestionario enviado por EL DEBER. La autoridad explicó que el silencio del Ejecutivo durante las primeras 72 horas no respondió a encubrimiento, sino a la necesidad de no interferir en las investigaciones que estaban en curso a cargo del Ministerio Público y la Policía.

Justiniano remarcó que, de haber existido protección, no se habrían ejecutado allanamientos, declaraciones ni medidas judiciales, subrayando que los hechos demuestran que el proceso avanza sin distinciones. También señaló que la posible participación de otros funcionarios es un aspecto que debe ser determinado exclusivamente por la investigación fiscal.

Respecto al impacto político del caso, el viceministro afirmó que lo que realmente daña la institucionalidad es el encubrimiento, y no la aplicación de la ley. En ese sentido, sostuvo que actuar conforme a la normativa fortalece al Estado y deja un mensaje claro a la ciudadanía sobre el respeto al orden legal.

Acciones de la Cancillería

El pronunciamiento del Ejecutivo se dio después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara la anulación de oficio del pasaporte diplomático de la exdiputada suplente Laura R. A., quien fue citada a declarar como testigo dentro de la investigación por el ingreso de las 32 maletas procedentes de un vuelo chárter desde Estados Unidos.

La Cancillería informó que inició acciones penales por el uso irregular de documentación diplomática, luego de establecer que el pasaporte había sido anulado y, aun así, habría sido utilizado para eludir controles aduaneros. El documento fue otorgado en 2022 mientras la exautoridad ejercía funciones legislativas y debía ser devuelto al concluir su mandato, obligación que no fue cumplida pese a reiteradas gestiones.

Según el reporte oficial, el pasaporte fue invalidado y la medida fue comunicada a Interpol y a la Dirección General de Migración en noviembre de 2025, quedando sin validez para cualquier uso oficial o tránsito internacional.

Proceso en curso

En el marco de este caso, el juez Heberth Z. fue aprehendido por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, al ser señalado como propietario del galpón donde se incautaron varias maletas con cerca de 79 kilos de marihuana. La exdiputada Laura R. deberá prestar su declaración en calidad de testigo el lunes.

Las investigaciones continúan bajo dirección fiscal, mientras distintas instituciones del Estado aseguran su colaboración para esclarecer cómo se permitió el ingreso del equipaje sin los controles correspondientes en una de las principales terminales aéreas del país.