Mientras el Legislativo analiza un proyecto de ley antibloqueos, juristas y legisladores recuerdan que la normativa vigente ya contempla sanciones penales para este tipo de acciones.

El debate sobre una eventual “ley antibloqueos” vuelve a tomar fuerza en la Asamblea Legislativa, en medio de movilizaciones sociales y el rechazo de la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, legisladores y analistas advierten que el ordenamiento jurídico boliviano ya incluye disposiciones que sancionan penalmente los bloqueos de caminos, la interrupción de servicios públicos y el uso de explosivos en protestas.

El Código Penal establece al menos tres artículos aplicables a este tipo de hechos. El artículo 213 sanciona con uno a cuatro años de cárcel a quienes impidan o pongan en riesgo la seguridad del transporte público. El artículo 211 castiga el uso de explosivos cuando se genera peligro para la vida o los bienes, mientras que el artículo 214 establece penas de hasta seis años de prisión por atentar contra el funcionamiento de servicios públicos como agua, electricidad o energía.

A estas normas se suma el Decreto Supremo 2888, vigente desde 2016, que prohíbe de manera expresa la tenencia y uso de explosivos en movilizaciones, al considerar que representan un peligro común para la población.

Pese a este marco legal, en el Parlamento avanzan varias iniciativas para endurecer las sanciones. El diputado Carlos Alarcón, uno de los impulsores del proyecto antibloqueos, propuso que la norma sea sometida a un referéndum antes de su promulgación, con el fin de que la ciudadanía defina si respalda o no esta medida.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reiteró el respaldo del Gobierno a la iniciativa legislativa, señalando que no se puede avalar el bloqueo de caminos como mecanismo de presión. En tanto, en el Senado y en Diputados se analiza la posibilidad de unificar los distintos proyectos presentados para evitar contradicciones y reducir el riesgo de nuevos conflictos sociales.